Este año tendremos que informar al SAT los esquemas agresión que pudieran en algunos casos buscar la evasión fiscal. Ahora más que nunca, deberemos cuidar que todas nuestras operaciones tengan substancia económica y soporte real, que se acredite que efectivamente existe la operación, cómo es que se realizó y con qué recursos se llevó a cabo. El artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación nos habla de que debe existir razón de negocio para que los contribuyentes logren demostrar la finalidad de sus operaciones.

Esquema

Se considera esquema, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos.

Esquemas reportables

Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos, que generen, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México.

Asesores fiscales

Personas físicas o morales que, en el curso ordinario de su actividad realicen actividades de asesoría fiscal y sean responsables o estén involucradas en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable o quienes ponen a disposición de un tercero un esquema reportable para su implementación.

¿Qué documentos se obtienen?

• Acuse de recibo.

• Certificado que contiene el número de identificación del esquema reportable.

• Copia de la declaración informativa.

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Características del esquema reportable

I. Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas
II. Transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de las que las generaron.
III. Consista en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto a algún socio, accionistas o partes relacionadas.
IV. Involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrita por México.
V. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que permita su depreciación por otra parte relacionada.
VI. Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior.
VII. En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una parte relacionada de este último.

La revelación de un esquema reportable, no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales. La información presentada en términos de esta normatividad y que sea estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la investigación por la posible comisión de los delitos previstos en el CFF, salvo tratándose de los delitos previstos para las empresas llamadas factureras EFOS.

La revelación de dichos esquemas se realizará a través de una declaración informativa que se presentará por medio de los mecanismos que disponga el SAT para tal efecto. Los esquemas reportables deberán ser revelados a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer contacto para su comercialización.

Los contribuyentes que implementen un esquema reportable se encuentran obligados a incluir el número de identificación del mismo en su declaración anual correspondiente al ejercicio en el cual se llevó a cabo el primer hecho o acto jurídico para la implementación del esquema reportable y en los ejercicios fiscales subsecuentes cuando el esquema continúe surtiendo efectos fiscales.

Por último, el pasado martes 2 de febrero de 2021 se publicó el acuerdo en donde se da a conocer los esquemas reportables por los cuales no se están obligados a presentar la información cuando el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México, no exceda de 100 millones de pesos.

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